Gobierno de AMLO impugnará suspensión de ‘Plan B’

Gobierno de AMLO impugnará suspensión de ‘Plan B’

El Gobierno de México aseguró que no permitirá que se violente la Constitución, por lo que solicitará a la SCJN revocar la suspensión del ‘Plan B’ de la reforma electoral

El Gobierno de México informó que el Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la resolución del ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, que suspendió en su totalidad la aplicación de la reforma electoral conocida como «Plan B».

En un comunicado de prensa, la Presidencia de México manifestó que el objetivo principal del “Plan B” es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado.

El Gobierno de México denunció que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite.

Enfatizó que menos aún, había ocurrido en la historia de México que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.

Indicó que se trata de un régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente.

Puntualizó, que la Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir.

Mencionó que conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos.

El Gobierno de México dijo que resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto.

Destacó que, es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria.

Aseguró que el Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar un régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes.

Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución la impugnará.

El Gobierno de México consideró fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes, para garantizar el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación.

Finalmente, el Ejecutivo federal indicó que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, por lo que solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige.

Reiteró su preocupación de que el ministro Laynez Potisek desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión.

por N+

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