Aseveran que la norma no implica una expropiación del fondo de los trabajadores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por unanimidad, el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se promulgó durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pleno del alto tribunal aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alhf, quien consideró infundada la acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados federales de oposición, quienes señalaron que la reforma es inconstitucional, ya que no establece para qué serán utilizados los recursos, no definen sus reglas de operación ni su mecanismo de devolución.
La juzgadora argumentó que la norma no otorga autorización al Estado para apropiarse de las cuentas individuales de los trabajadores.
“Los recursos depositados en las cuentas individuales continúan siendo, en todo momento, propiedad de las personas trabajadoras o pensionadas. En ese sentido, a partir del estudio del decreto impugnado, se advierte que la reforma no autoriza la apropiación por el Estado de las cuentas individuales, no extingue el derecho de sus titulares, únicamente modifica la forma en que determinados recursos no reclamados son administrados”.
Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, aseveró que la norma no implica una expropiación del fondo de los trabajadores.
“Es un tema que generó mucha inquietud, se pensaba que era una especie de confiscación de expropiación o de privación de la propiedad, los fondos de los trabajadores, no es así, lo único que está ocurriendo es que se cambia de administrador hacia un mecanismo distinto, pero con todas las garantías.
Se mantiene la propiedad de los recursos a favor de los trabajadores, se mantiene la posibilidad de que quien acuda a recuperarlos se pueda prever. Realmente, lo único que está cambiando es de administración”.
Las ministras y ministros consideraron que el objetivo del fondo es fortalecer la suficiencia de las pensiones y procurar que los trabajadores reciban una pensión más cercana a su último salario, además de que la reforma responde a principios de seguridad social, previsión social y solidaridad.
