La ex funcionaria de la antigua PGR habría participado en delitos que implicaban recursos para seguridad pública y nacional en 2013 y 2014, aunque actualmente sigue su proceso en libertad con una suma de medidas cautelares como brazalete electrónico
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que fuera confirmada la vinculación a proceso en contra de Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la entonces Procuraduría General de la República en el periodo que encabezó Jesús Murillo Karam, e implicada en el supuesto desvío de 852 millones de pesos.
Gómez Molano ya había sido vinculada el pasado 3 de junio, pero ahora se le ha confirmado el proceso por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.
“Esta persona es probable responsable del desvío de una fuerte cantidad de dinero, asignada a una partida de gastos de seguridad pública y nacional, durante los ejercicios fiscales de 2013 y 2014″, destacó la FGR en un comunicado.
Cabe recordar que la ex funcionaria enfrenta las acusaciones en libertad, pues pagó un millón de pesos en garantía, se le prohibió salir sin autorización de la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, así como el resto del territorio nacional. Igual le fue colocada una tobillera electrónica.
También debe acudir cada quince días ante la autoridad judicial y se le prohíbe convivir, acercarse o comunicarse a las instalaciones de la FGR, de la Policía Federal Ministerial (PFM), a sus coimputados, así como alguno de los agentes del Ministerio Público que tengan a su cargo el presente proceso.
De acuerdo el reporte de la FGR, la confirmación de este 22 de octubre fue a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos en el Sexto Tribunal Unitario del Primer Circuito. Previamente esta decisión fue establecida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.
Según las investigaciones, Gómez Molano está acusada junto con Vidal Díazleal Ochoa, ex director de la PFM, así como César Ramírez Torralba, contralmirante que se desempeñaba como director general Adjunto del Centro Técnico de Control de la actual Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Presuntamente, los tres habrían participado en operaciones para adquirir 24 camionetas con espionaje mediante recursos desviados que sumaron hasta 852 millones de pesos. Los proveedores fueron Acumen Telecomunicaciones, así como Vans y Suvs de Lujo.
Aunque la FGR argumentó en junio pasado que los tres tenían amistades en la dependencia ministerial y contaban con dinero para sustraerse de la justicia, la jueza Beatriz Moguel Ancheyta rechazó mantenerlos en prisión preventiva.
Tomás Zerón también está acusado en el mismo caso y se espera que le sea cumplimentada una orden de arresto después de que se extraditado de Israel, a donde actualmente se ha refugiado por investigaciones de tortura y obstrucción en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
por Infobae
