Investiga DDHPO actuación de autoridades municipales y dicta medidas cautelares
Oaxaca.- Luego de que se diera a conocer la privación de la libertad de Erika D.M y Rubén G.S. por más de cinco meses en los separos municipales de Santo Domingo Teojomulco, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) advirtió que este hecho representa una grave violación a los derechos humanos y llamó a las autoridades estatales a intervenir de manera inmediata.
El organismo autónomo dictó medidas cautelares, mediante las cuales pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado, iniciar una carpeta de investigación por privación de la libertad, además de que, personal de dicha institución se constituya en la cárcel municipal para constar que las personas se encuentran en el lugar y, en caso de que hayan incurrido en un delito, las pongan a disposición, o bien, les garanticen la libertad.
A través del expediente DDHPO/1609/(20)/OAX/2022, solicitó a la Secretaría General de Gobierno (Segego), llevar a cabo las mesas de negociación, así como mediación para lograr la liberación de ambas personas.
La Defensoría también requirió al municipio que rinda un informe sobre los hechos que se les atribuyen, además de abstenerse de causar actos violatorios a los derechos humanos de Erika y Rubén, así como a sus familiares.
La DDHPO también tiene conocimiento de la detención de otras nueve personas en ese mismo centro municipal, de nombres Ahidan B., Félix A., Julian R., Esequiel M., Crisóstomo M., Avelino L., Benancio R., Benito C. y Lorenzo S, hecho por lo que también se tiene otro expediente abierto.
De acuerdo con las leyes vigentes en el país, el arresto por faltas administrativas en centros municipales no debe superar las 36 horas, y si bien se reconoce la jurisdicción normativa de las comunidades indígenas para establecer sanciones, estas también tienen límites.
El organismo autónomo reiteró que las cárceles municipales son sitios de riesgo por la ocurrencia de violaciones a derechos humanos, de tal forma que tan solo de 2015 a octubre de 2022, se han presentado 17 muertes, de las cuales cuatro han ocurrido en este 2022 en los ayuntamientos de Salina Cruz, Huatulco, Juquila y Tlalixtac de Cabrera.
Así también, la Defensoría ha observado que en diversos municipios se carece de protocolos adecuados para la detención y custodia de las personas que cometen faltas administrativas y son internadas en las cárceles, separos o espacios destinados a cumplir con sanciones privativas de libertad.
Y ha documentado que muchos de esos espacios destinados a prisión preventiva no cuentan con condiciones materiales dignas para contener a personas privadas de la libertad, entre las que se encuentran la falta de: energía eléctrica, sanitarios, higiene, buena ventilación, espacios destinados a mujeres o personas adultas mayores o con discapacidad; personal para la custodia permanente y atenta a las personas detenidas, así como de médicos para certificar o brindar atención médica o primeros auxilios.
Aunado a lo anterior, el caso de Erika, Rubén y otras nueve personas, quienes durante meses han sido privados de su libertad en Teojomulco, pone un nuevo precedente de actos graves de violaciones a derechos humanos que se pueden registrar en los centros de detención municipal.
