Ante lo que consideran un riesgo real de regresión democrática, un grupo de exlegisladores, académicos, juristas, investigadores, analistas, activistas y ciudadanos anunció la creación del Frente Amplio Democrático, una iniciativa apartidista que busca defender la democracia constitucional, las libertades y los derechos políticos en México.
El Frente surge en un momento de alta tensión institucional, marcado por propuestas de reforma político-electoral que —advierten— podrían debilitar la autonomía de las autoridades electorales, el pluralismo político y los equilibrios constitucionales que han dado estabilidad a la vida pública del país.
Los impulsores del movimiento subrayan que México sí atravesó una transición democrática, construida a partir del diálogo, la inclusión y los acuerdos entre fuerzas políticas, sociedad civil y ciudadanía. Ese proceso permitió crear reglas, instituciones y contrapesos que hoy, sostienen, están en riesgo frente a decisiones unilaterales desde el poder.
“El método democrático, basado en el consenso, la deliberación y el respeto a la pluralidad, ha sido desplazado. Frente a ello, la ciudadanía organizada tiene la responsabilidad histórica de actuar”, señalaron los integrantes del Frente en un comunicado.
A diferencia de otros movimientos políticos, el Frente Amplio Democrático aclara que no se define contra personas ni partidos, sino contra prácticas autoritarias que buscan concentrar el poder, cerrar la posibilidad de alternancia política y restringir la pluralidad democrática.
Lo que está en juego
Los integrantes del Frente advierten que imponer una reforma electoral sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición, evidenciaría la intención de restringir la pluralidad democrática y de restaurar, bajo nuevas formas, prácticas propias del antiguo régimen.
Por ello, aseguran, su objetivo inmediato es frenar cualquier iniciativa político-electoral regresiva en cualquiera de sus etapas legislativas. En caso de que una reforma sea discutida, sostienen que solo podría considerarse legítima si garantiza de forma expresa y verificable:
