René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, accionistas de Corafi, no lograron excluir testimonios, documentos y un peritaje que la FGR y Hacienda buscan utilizar en el proceso por la presunta captación ilegal de recursos públicos.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los empresarios René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz continuarán enfrentando el proceso penal relacionado con 800 millones de pesos de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y, por ahora, no podrán excluir 15 elementos que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende utilizar contra ellos. El caso importa porque amplía la responsabilidad investigada más allá de antiguos funcionarios del organismo hacia particulares que participaron en las operaciones financieras. Los Dávila están vinculados a proceso desde 2023 y no existe todavía una sentencia que determine su responsabilidad penal. Una síntesis del Poder Judicial publicada por la Suprema Corte confirmó que un tribunal permitió conservar siete testimonios, siete documentos y un peritaje.
La acusación está relacionada con Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), empresa de la que ambos son accionistas y que, según la FGR, participó en la captación de los 800 millones de pesos mediante instrumentos bursátiles privados. Entre las pruebas que permanecerán en el expediente se encuentra una opinión elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que concluyó que existen elementos para proceder por la presunta captación indirecta de recursos sin la autorización correspondiente.
El punto central para entender el caso es que el revés judicial no significa que los empresarios hayan sido declarados culpables. Significa que el proceso puede continuar con pruebas que su defensa pretendía eliminar. La responsabilidad final deberá determinarse durante el juicio.
¿Quiénes son los empresarios investigados por el caso Segalmex?
René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz son accionistas de Corporación en Asesoría Financiera, conocida como Corafi, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que aparece en la investigación sobre las inversiones realizadas con recursos de Segalmex y Liconsa.
Un juez federal los vinculó a proceso en diciembre de 2023 por el presunto delito de captación ilegal de recursos, después de que la Fiscalía señalara que Corafi recibió recursos públicos sin contar con autorización para realizar esa actividad.
La investigación coloca así a particulares dentro de una causa penal que inicialmente se concentró en servidores públicos relacionados con el manejo financiero de Segalmex.
Entre los principales involucrados aparecen:
René Dávila de la Vega, accionista de Corafi.
René Dávila Díaz, accionista de la misma empresa.
René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.
Corafi, empresa vinculada con el fideicomiso mediante el cual se realizaron las operaciones investigadas.
¿Qué pasó con los 800 millones de pesos de Segalmex?
De acuerdo con la imputación de la FGR, entre febrero de 2019 y junio de 2020, René Gavira Segreste autorizó operaciones para colocar recursos públicos en certificados bursátiles privados.
Las instrucciones permitieron utilizar dinero administrado por Segalmex y Liconsa para adquirir esos instrumentos por medio de una casa de bolsa. Los recursos fueron transferidos al fideicomiso identificado en distintas fuentes como CIB/3050 o CIC/3050, en el que Corafi figuraba como fideicomitente.
A cambio, se ofrecía un rendimiento fijo anual de 11%, con pagos programados cada seis meses. La Auditoría Superior de la Federación detectó posteriormente irregularidades en esas operaciones.
La acusación sostiene que el problema no fue solamente dónde terminó colocado el dinero, sino que Corafi no estaba autorizada para captar recursos en los términos en que presuntamente lo hizo.
Durante una audiencia relacionada con el caso, la Fiscalía citó una opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación que señalaba sobre Corafi: No se encontraban autorizados ni regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.
Ese señalamiento forma parte de la base jurídica utilizada para sostener la acusación de captación ilegal.
